Los alumnos del curso Psicología y política pública del Departamento de Ciencias Sociales (CISO) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), junto a su profesor, el doctor Eduardo Lugo Hernández, organizaron la charla: Psicología y política pública en la que integraron a los doctores Blanca Ortiz Torres, y José Pons Madera; la estudiante graduada Soélix M. Rodríguez Medina, y la senadora independentista, María de L. Santiago Negrón.
Para ampliar los vínculos entre ambas ramas, convocaron a cada uno de los invitados para hablar desde sus experiencias clínicas y, en el caso de la senadora Santiago Negrón, por su trabajo legislativo de la mano de estos profesionales, y así discutir la importancia de involucrarse en la administración gubernamental.
“Nuestros estudiantes han visitado el Senado, tomaron un adiestramiento sobre procesos legislativos con la senadora Santiago y como proyecto final, generarán una propuesta para someterla ante la consideración del presidente de dicho cuerpo legislativo, Eduardo Bhatia. Es un curso que nos da destrezas y, a la vez, nos vamos concienciando acerca de las competencias que tenemos como estudiantes y como profesor de psicología, para poder impactar la política pública del país”, expresó Lugo Hernández.
En primer lugar, la doctora Ortiz compartió sus trabajos desde tres frentes: el gremio, la academia y la comunidad. Para ella, ser parte de las acciones gubernamentales responde a los cánones éticos que rigen la profesión, porque existe la necesidad de aportar a los fenómenos sociales.
No obstante, señaló que en la práctica se presentan diversos inconvenientes que impiden que puedan lograr su empeño. Entre estos, que el Gobierno o la industria ignoren las investigaciones que llevan a cabo porque estos no se escriben en el lenguaje de las actividades del Estado.
“La inestabilidad pública y que la mayoría de las investigaciones no giren en torno a temas de preocupación nacional, son algunas de las barreras que enfrentan. A esto se añade, que la mayoría de la investigación la dirigen los hombres, lo que, en ocasiones, excluye a otros sectores", aseguró.
Ortiz Torres detalló que desde el gremio, le correspondió presidir la Asociación de Psicología cuando se aprobó la Ley Núm. 96 de 1983 para reglamentar el ejercicio de la profesión. Ese hecho resultó significativo, ya que, aunque no estaba a favor de la misma, como líder, encaminó sus esfuerzos para que fuese aprobada, según el consenso de la matrícula a la que representaba.
Desde la academia, destacó que ofreció un curso graduado sobre política pública que ha producido seis tesis y disertaciones sobre el tema y recientemente, contribuyeron al establecimiento del CEGAP: Centro de Estudios del Gobierno y Administración Pública, de la Facultad de CISO en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Con ese Centro coauspiciaron el primer simposio de gobierno y país con énfasis en la participación ciudadana. También, ha formado parte de la junta de directores de organizaciones de base comunitaria y ha colaborado con el diseño de los diálogos ciudadanos.
Igualmente de variadas han sido las experiencias del doctor Pons Madera, quien se desempeña como decano asociado de la Escuela de Ciencias Conductuales y Neuronales de la Ponce Health Science University. Entre estas, depuso ante el proyecto del Senado 1842 del 2003 sobre la colegiación de los psicólogos, participó en el diseño de programas y procedimientos administrativos, y desde su puesto como presidente de la Junta Examinadora, redactó algunos memoriales.
En la consideración de piezas legislativas, el doctor Pons también intervino en el proyecto del Senado 1403 del 2010 en el que apuntó que este no se enfocaba en la salud, sino en la enfermedad.
“Mi exhortación a la Comisión fue a que lo revisaran, ya que abogaba por el cuidado integrado de la salud. Por esto, respaldo el Obama Care porque representa un adelanto sustancial en la prestación de servicios al basarse en el concepto del hogar de salud centrado en el paciente. Además, porque el Gobierno de Puerto Rico quebraría en su intento de mantener la salud de la gente, ya que el 66 por ciento de las personas con afecciones crónicas tiene condiciones de salud mental concomitantes: depresión, ansiedad y otras cosas”, aseguró.
De acuerdo con el experto, uno de los cambios fundamentales que necesita hacerse es que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) deje de estar bajo la sombrilla del Departamento de Salud para mejorar el tratamiento de personas con trastornos mentales severos. Asimismo, abogó para mejorar las necesidades de los niños deambulantes.
Su experiencia también ha incluido la redacción de ítems para la reválida de los psicólogos para atemperarlas a la actualidad.
“Las preguntas de la reválida vieja iban dirigidas a evocar datos. Las contemporáneas, abarcan situaciones, con planteamientos integrativos, que requieren que se sepa varias cosas para poder contestar. Ya en la del 2011 no se medía si verdaderamente alguien tenía el conocimiento actualizado para practicar, lo que medía es si lo tenía en el 1985”, precisó.
Como integrante del panel, la estudiante doctoral Soélix M. Rodríguez Medina planteó que los psicólogos deben formar parte de las campañas electorales. La doctoranda compartió su experiencia desde la Campaña Política de Altura, una iniciativa de la Asociación de Psicología de Puerto Rico en la que representó a los estudiantes en el más reciente evento eleccionario.
El comité estaba integrado por psicólogos clínicos, sociales comunitarios, académicos, con el objetivo de educar a los candidatos y a los medios de publicidad, sobre los principios éticos que deben guiar este tipo de eventos.
“Con esto en mente, desarrollamos los diez principios éticos de los que se desprendieron las reglas para un debate de altura que luego se utilizaron para evaluar los debates electorales. Fue muy difícil conseguir y comprometer a los candidatos a la gobernación con lo estipulado”, reveló.
De acuerdo con Rodríguez Medina, los psicólogos deben involucrarse porque la política pública tiene un impacto social.
“Estamos sujetos a los cambios de cada cuatro años. Las iniciativas, en vez de asumirse como un proyecto de país o de gobierno, se hacen como un proyecto de partido. Al cambiar el gobierno, se modifica el proyecto”, afirmó Soélix.
Finalmente, la senadora María de Lourdes Santiago apuntó que la participación ciudadana en los procesos para acceder a los bienes y servicios, agita las aguas para el cambio. Según ella, resulta importante insistir en que se consideren asuntos que no son populares.
“Desafortunadamente, las decisiones se toman desde la perspectiva de los prejuicios, las preferencias ideológicas, y el financiamiento de las campañas políticas”, indicó.
Desde su labor como Senadora, ha tenido la oportunidad de proponer distintas alternativas para combatir el deterioro en el sistema público de educación. Una de las más conocidas es su propuesta para que en cada plantel haya un psicólogo escolar por cada 500 niños.
“Esa ley se aprobó en el año 2000 y hasta el día de hoy, es letra muerta. El gobierno alega no tener dinero para pagarle a los psicólogos, sin embargo, se destinan fondos a programas fraudulentos de horario extendido y de tutorías, lo que tiene que ver mucho con la percepción de la psicología en la isla”, expresó.
Agregó que uno de los señalamientos del Departamento es que no existen suficientes psicólogos escolares, así que lo ampliaron para que se considere a aquellos psicólogos con ciertas competencias relacionadas con el trabajo que tiene que hacerse en las escuelas. Santiago Negrón confía que se logre colocar al menos diez por cada distrito escolar hasta llegar a la cantidad ideal.
“Los psicólogos tienen que asumir una actitud más combativa ante el Departamento de Educación por conflictos éticos, por ejemplo, ante la evaluación en masa de los niños de educación especial. La política es un bien común, nos pertenece a todos. Es nuestra responsabilidad custodiarla, hacer que sirva”, concluyó.
A nivel subgraduado, el curso del RUM es el único que se ofrece en Puerto Rico sobre esta temática, ya que los tres que existen son parte de currículos graduados del país.
Se enfatizó que para contar con una política pública más informada y basada en la ciencia, es necesario contribuir con las competencias de todos los sectores.
