Una delegación colegial, encabezada por la rectora interina del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Wilma Santiago Gabrielini, e integrada por las doctoras Mariel Nieves, decana interina de la Facultad de Administración Empresas; y Rebeca Orama Meléndez, directora del Programa de Preparación de Maestros, del Decanato de Asuntos Académicos, participó el pasado sábado en las vistas públicas relacionadas con el Proyecto del Senado 825 que busca establecer la denominada Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.
"La educación pública de Puerto Rico merece darse la oportunidad de establecer una reforma educativa que invite al sector privado a mejorar sustancialmente los procesos administrativos y académicos de las escuelas públicas de Puerto Rico. Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico debe mantener su responsabilidad constitucional de monitorear y evaluar el cumplimiento de la misión educativa del país, estableciendo unas guías claras de rendimiento de cuentas al sector privado que permita el cumplimiento de una educación de excelencia, tal como merecen todos los niños y jóvenes que no pueden pagar una educación privada en Puerto Rico", indicó la Rectora durante su alocución.
Destacó el rol, que a su juicio, debe llevar a cabo la Universidad como ente Autorizador, que de acuerdo con el proyecto, "tendría el poder de evaluar y certificar las Entidades Educativas Certificadas".
"Entendemos que la Universidad de Puerto Rico (UPR) es el eslabón que debe insertarse urgentemente en el rol de autorizador en el Proyecto de las Escuelas Alianza, una vez que es la entidad del Gobierno que ha identificado perfectamente las áreas de alta necesidad en la educación secundaria de la educación pública. Los altos niveles de rezago de los estudiantes en las materias de matemáticas, español e inglés resaltados en las últimas investigaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico, se han convertido en un verdadero reto para la UPR. Hemos llevado a cabo muchos proyectos que han tenido como objetivo subsanar desde la Universidad este problema. Este proyecto de Escuelas Alianza le brinda la oportunidad a la UPR de cambiar de posición estratégica para buscar una solución desde la raíz del problema, más a tiempo para beneficio de los estudiantes. Esto sería un ejercicio de justicia para todos los estudiantes del sistema público que llegan con desventajas a la UPR", enfatizó Santiago Gabrielini.
Puntualizó que la pericia que existe dentro de la Universidad es importante para el éxito de la propuesta.
"La UPR debe tener un rol protagónico en la toma de decisiones referente a estos proyectos de reformas educativas. La misión y visión de la Universidad de Puerto Rico está alineada a los mismos principios que sirven de estandarte en la educación pública del país. La participación de nuestros recursos académicos y valiosos años de experiencia, se perciben ausentes dentro de este proceso de análisis y legislación. La UPR reclama un espacio prioritario para definir la toma de decisiones en la discusión y alcances de estos proyectos de reforma. De esta forma, articularíamos excelentemente la educación primaria, secundaria y universitaria, estableciendo la importancia de la UPR en el futuro de la educación pública del País del cual ha sido parte a través de la historia de Puerto Rico. No es momento de pensar en el Departamento de Educación en términos de intereses económicos. Debemos ser responsables y ver las reformas propuestas como un esfuerzo y oportunidad única que tiene como fin un proyecto de país, alejado de intereses vanos que no son afines a los mejores servicios de la educación pública en tiempos de crisis", concluyó.
Por su parte, Orama Meléndez ofreció varias recomendaciones al Proyecto.
"Añadir en el Capítulo II: Sistema de Educación Pública, Artículo 2.08 en Deberes y Responsabilidades del Superintendente de la Oficina Regional: a) La responsabilidad de seleccionar los Centros de Experiencias Prácticas Educativas que posean los mejores maestros de la Región Educativa, de acuerdo a la demanda de candidatos que posean las instituciones de educación superior; b) Coordinar con las instituciones de educación superior el curso de maestro cooperador para que se le ofrezca gratuitamente a todos los maestros en el Centros de Experiencias Prácticas Educativas que hayan sido seleccionados. Coordinar con las instituciones de educación superior para que estas ofrezcan compulsoriamente educación continua, un día por semestre, a todos los maestros cooperadores certificados en los Centros de Experiencias Clínicas; e) Identificar fondos para bonificar a los directores de los Centros de Experiencias Clínicas y los maestros cooperadores que formen y supervisen a candidatos provenientes de la Universidad de Puerto Rico", reza parte de la misiva dirigida al senador Abel Nazario Quiñones, presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico.
La vista se llevó a cabo el pasado sábado, 3 de marzo en la UPR-Aguadilla.
