El alcance de la Ley PROMESA y su impacto en el sistema financiero puertorriqueño, así como en la Universidad de Puerto Rico, uno de sus máximos acervos, fue el eje principal sobre el cual giró un conversatorio que se celebró al finalizar el semestre en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
La licenciada María de los Ángeles Trigo, autora del libro Los Estados Unidos y la PROMESA para Puerto Rico: análisis de la Ley para la Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico, acompañó a los alumnos, así como al público reunido en el Anfiteatro de la Facultad de Administración de Empresas, en un recorrido histórico e informativo que contó con un formato interactivo de preguntas y respuestas.
Los autores de las interrogantes fueron los alumnos de los cursos FINA 3107: Moneda, banca y condiciones económicas y GERH 6027: Aspectos legales de la empresa, ambos dictados por la doctora Evaluz Cotto Quijano, catedrática de ADEM, quien fue la organizadora del evento, con la colaboración de dos entidades que agrupan a docentes colegiales: la Asociación de Profesores Universitarios del RUM (APRUM) y PROTESTAmos.
“Estoy muy satisfecha por la amplia participación estudiantil, que era lo que queríamos: exponerlos a estos temas y que pensaran y formularan sus preguntas. Es una actividad integrada y requerida de la clase. Creemos que lo que la gente escucha en la prensa, muchas veces es erróneo y dirigido a manipular. Esa es nuestra función en la Universidad, traer la información correcta y que cada cual tome su decisión”, aseveró la doctora Cotto Quijano.
La profesora Rebecca Carrero Figueroa, también redactora de la Oficina de Prensa, tuvo a su cargo, como maestra de ceremonia, la apertura y la presentación de la conferenciante invitada.
Como punto de partida de la conversación se utilizó una aseveración del abogado y comentarista de radio y televisión, Jay Fonseca, quien opinó que Puerto Rico no tiene otra forma de alivio de deuda bajo ninguna de las opciones de estadidad, estado libre asociado o independencia que no sea a través de la Ley Promesa o la Junta de Control Fiscal. Esa premisa dio pie a la serie de preguntas que perseguían analizar si, en efecto, se trata de “un mal necesario”.
De hecho, en una de sus primeras intervenciones, la licenciada Trigo aprovechó para contextualizar la situación desde sus comienzos históricos en el país.
“La deuda pública surge porque con esta se hizo obra pública y el motor principal del desarrollo económico que la isla disfrutó desde los años 40 se llama Banco Gubernamental de Fomento. Esta fue la institución que emitió la deuda con la que se construyó el Centro Médico, la Universidad de Puerto Rico (UPR), se financiaron fábricas, la industria hotelera, el programa de préstamos estudiantiles, los primeros condominios de oficinas y residenciales, centros comerciales, la restauración del Viejo San Juan, en fin una serie de actividades financieras que la banca privada rechazó”, explicó.
La también contadora pública autorizada, con más de 20 años de experiencia en el campo de financiamiento público y municipal, subrayó que al momento de reconstruir un país como Puerto Rico, fue necesario asumir unos compromisos, aún con la inseguridad que estos pudieran representar.
“Cuando algo es muy riesgoso, pero tiene un buen potencial de generación de ingresos y empleos, era el gobierno, a través de la emisión de deuda pública, la que lo asumía. No es correcto decir que los puertorriqueños somos unos irresponsables, que nos gusta botar el dinero. Hay que entender por qué el país ha estado emitiendo deuda pública durante décadas”, afirmó.
En adelante, los colegiales dirigieron la discusión en torno a si hay diferencia en la forma que la isla emitía su deuda en comparación con otros estados de Estados Unidos; si la ley que aplica al momento de la emisión es la local (ambas respuestas en afirmativo); y qué alternativas tenía el país para reestructurar su deuda antes de la aprobación de PROMESA.
Tanto la licenciada Trigo como la doctora Cotto Quijano, quien también es abogada, coincidieron en que esas posibles soluciones debían estar estipuladas en el contrato de las diferentes emisiones, documentos que proveen para el impago y que habían sido diseñados para cada caso, por lo que los bonistas que los adquirieron debieron estar informados antes de asumir el riesgo.
Los integrantes de los cursos de Empresas también expresaron sus preocupaciones por la UPR como una de las entidades cubiertas bajo la ley, que proyecta una posible consolidación de recintos y el aumento del costo de matrícula. Cotto Quijano indagó sobre la contradicción de que los recortes a su presupuesto no estén destinados a pagarle a sus propios bonistas.
“Lo que se me ocurre es que es otra forma de proteger a otro bonista que no es el de la UPR porque como la Universidad recibe asignaciones del Fondo General, si se eliminan o disminuyen esas asignaciones para la institución de educación pública, se deja más dinero en el Fondo para proteger a los bonistas, a quienes se supone que se les pague de ese Fondo”, opinó la autora del libro, quien realizó un minucioso proceso de lectura y análisis de las discusiones congresionales, así como todos los borradores de la redacción de la ley, previo a convertirse en PROMESA.
En un aparte con Prensa RUM, la experta en las disciplinas de derecho, finanzas, economía, política e historia, expresó su satisfacción de participar en el foro en el que constató el deseo de informarse y de cuestionar de los universitarios.
“Reflejan una juventud muy preocupada. Me parece que van a empezar a comprometerse aún más de lo que ya están porque en la medida en que entiendan mejor qué es lo que la Junta de Control va a hacer, o cuáles son los intereses que está protegiendo la Ley, van a tener más claro cómo se van a afectar ellos y su futuro. Estamos viviendo un momento que es un punto de inflexión y estos jóvenes se están empezando a dar cuenta de que deben involucrarse más en el asunto público y político, no tiene que ser partidista, sino en el poder, de cómo distribuir los bienes para que se beneficie el país”, reiteró.
La licenciada Trigo trabajó durante 16 años en el Banco Gubernamental de Fomento donde fue directora del Departamento de Fiscalización y Cumplimiento y directora de la división legal. Actualmente, es asesora privada en el campo de financiamiento público. Es egresada de la UPR, Recinto de Río Piedras, donde completó un bachillerato en Administración de Empresas y su grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho.
Su libro, Los Estados Unidos y la PROMESA para Puerto Rico, es una guía sobre las discusiones y el proceso de la redacción de la ley en el Congreso de Estados Unidos. Algunos de los aspectos que discute incluyen: cómo la ley prohíbe a los puertorriqueños y a su gobierno acudir a los tribunales para impugnar las decisiones de la Junta de Control y pedir que se revisen; cómo elimina las protecciones que Puerto Rico había incluido en sus documentos de deuda; cómo la Junta controla, diseña y establece las políticas públicas y sociales del país; cómo facilita la privatización de los activos de la isla y cuáles son los impedimentos para su implementación.
Más información sobre el texto, la autora y para ver el conversatorio en su totalidad, favor de visitar su página oficial.
